Hacienda reclama 9M€ a trader de criptomonedas en España por operación DeFi

Un comerciante español de criptomonedas ha quedado atrapado en una maraña fiscal inesperada: tras mover activos en una plataforma descentralizada, la Agencia Tributaria le reclama 9 millones de euros por una operación que, según expertos, no debería haberse considerado un hecho imponible. El caso ilustra la fragilidad de las reglas actuales y abre preguntas incómodas sobre cómo España gestiona la tributación de un sector que no deja de crecer.

Lo que sucedió

Un operador de criptomonedas en España realizó una transacción por 5 millones de euros dentro de un protocolo financiero descentralizado (DeFi). La operación consistió en depositar fondos como garantía para acceder a un préstamo, una práctica habitual en este tipo de plataformas. Según la prensa local, no hubo venta de activos ni generación de ingresos directos.

A pesar de ello, tres años después, la Agencia Tributaria (AEAT) consideró que el movimiento equivalía a una realización de capital. Con esa interpretación, aplicó el impuesto sobre ganancias patrimoniales y emitió una reclamación que asciende a 9 millones de euros.

El asesor legal del inversor señaló que no se trató de una operación con beneficios económicos ni de un cambio de propiedad, y que la decisión carece de sustento en la legislación española o europea vigente. “Fue un movimiento técnico de activos, sin ganancia ni beneficio”, defendió.

Este episodio, que choca con la definición legal de hecho imponible en España, ha dejado al comerciante en una situación incierta, pese a que ya había abonado más de 5 millones de euros en impuestos previos. La sensación de arbitrariedad fiscal ha encendido las alarmas entre operadores y asesores.

Por qué es importante

El caso refleja un vacío normativo: no existen directrices claras en España sobre cómo deben clasificarse operaciones con criptomonedas, especialmente en el ecosistema DeFi. Firmas como Lullius Partners reconocen que la ley actual no establece criterios concretos para tributar la propiedad, los ingresos o las ganancias de estos activos digitales.

Para los comerciantes, la consecuencia es un terreno minado. Operaciones rutinarias pueden transformarse en riesgos fiscales millonarios, incluso años después. Esta inseguridad jurídica desalienta la inversión local y puede empujar a muchos operadores a trasladar su actividad a otros países con marcos más claros.

Los analistas advierten que la situación no cambiará en el corto plazo. Sin una legislación específica, cada interpretación de la AEAT se convierte en precedente, ampliando la sensación de desigualdad y dejando a inversores y empresas en un limbo regulatorio.