Argentina habilita más valores negociables como «tokens» ¿Qué son?

La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina anunció la aprobación de la Resolución General N° 1081, que incorpora una segunda etapa en el Régimen de Tokenización, ampliando el universo de valores negociables que pueden representarse digitalmente.

Esta ampliación permitirá que acciones —incluidas aquellas cotizadas en más de una bolsa—, obligaciones negociables y CEDEARs (certificados que representan acciones extranjeras y se negocian en pesos en el mercado bursátil local) cuenten con una versión digital dentro del marco regulatorio.

La tokenización de estos instrumentos financieros hace posible que estos sean comerciados como activos del mundo real , más conocidos por su sigla en inglés «RWA» (real world assets), los cuales son tokens criptográficos que representan activos del entorno tradicional.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, celebró la iniciativa, calificándola como «un régimen innovador y pionero para la Argentina y la región». Destacó que el organismo trabajó intensamente para crear una normativa que sitúe al país a la vanguardia regulatoria, no solo en el hemisferio, sino también frente a otros mercados internacionales.

La resolución surge a dos meses de la aprobación de la primera etapa del reglamento de tokenización, como informó CriptoNoticias. Esto tras un proceso de consulta pública iniciado a principios de año, mediante las disposiciones regulatorias N° 1060 y N° 1069, en las que se permitió la representación de RWA y de valores sin cotización.

Los activos tradicionales suelen requerir intermediarios para su compra y venta, lo que puede encarecer las transacciones y limitar la accesibilidad. En cambio, los RWA, al ser tokens en redes de criptomonedas , pueden ser comprados y vendidos sin intermediarios, lo que significa que hay menores restricciones para que los traders hagan sus inversiones.

En esta segunda etapa del régimen, además de ampliar los instrumentos negociables, se sumaron modificaciones sugeridas por actores del mercado.

Entre ellas, se permitió que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) actúen como depositantes ante el Agente Depositario Central de Valores Negociables (ADCVN) siempre que participen en la representación electrónica de los valores, y se reconoció a los Agentes de Liquidación y Compensación Integrales (ALyC) como posibles titulares registrales.

La normativa también garantiza a los inversores el derecho a solicitar en cualquier momento el reemplazo de la representación electrónica por modalidades tradicionales, ya sea en formato físico o mediante registros contables.

Además, se habilita la tokenización de valores que se encuentren dentro de regímenes de emisores frecuentes con autorización automática —es decir, empresas que pueden emitir títulos sin necesidad de aprobación individual para cada emisión—.

El actual esquema de tokenización se llevará a cabo dentro de un sandbox regulatorio, lo que permitirá realizar emisiones bajo este marco durante un año. Su finalización está prevista para el 21 de agosto de 2026, aunque la CNV podrá decidir su extensión, modificación o cierre según los resultados obtenidos.

Con esta normativa, la representación de valores negociables en formato electrónico se consolida como una categoría específica dentro del proceso de tokenización. De acuerdo a un comunicado emitido por la CNV, las operaciones deberán cumplir con criterios de seguridad, inmutabilidad, verificabilidad, fungibilidad, integridad, transferibilidad y trazabilidad, y se les reconoce equivalencia funcional con las formas tradicionales de representación.

Vale destacar que, durante su intervención en la Blockchain Rio 2025, Roberto E. Silva destacó que la implementación del régimen de tokenización en Argentina siguió un enfoque gradual , diseñado para adaptarse a las limitaciones legislativas y al contexto político del país. Explicó que primero se estableció un registro inicial de actores del mercado, tanto locales como extranjeros, y luego se avanzó hacia regulaciones más estrictas, con plazos que consideró razonables para que las empresas cumplieran con los nuevos requisitos.

Silva subrayó que, a pesar de los desafíos, el proceso permitió formalizar y ordenar el ecosistema de activos digitales, con un número cada vez mayor de empresas registradas que operan bajo supervisión, consolidando así un mercado más transparente y regulado.