WASHINGTON, D.C., abril de 2025 – En una aclaración significativa que resuelve la incertidumbre del mercado, un alto funcionario de EE.UU. confirmó que el gobierno no ha vendido ninguno de los Bitcoin incautados del servicio de mezcla Samourai Wallet, marcando un cambio fundamental en la política de decomiso de activos digitales. Este anuncio contradice directamente las especulaciones previas de los medios y establece un nuevo precedente sobre cómo las fuerzas del orden manejan las criptomonedas confiscadas, un desarrollo con profundas implicancias para todo el ecosistema de activos digitales.
Incautación de Bitcoin de Samourai Wallet: Aclaración oficial y detalles de la política
Patrick Witt, Secretario Ejecutivo del Comité Asesor de Criptomonedas de la Casa Blanca, brindó claridad definitiva sobre el estado de los activos incautados. Declaró de manera inequívoca que el Departamento de Justicia (DOJ) confirmó que los activos permanecen bajo custodia gubernamental. Además, Witt anunció una política vinculante: los Bitcoin incautados no serán vendidos en el futuro. Esta directiva surge de una orden ejecutiva específica, cuyos detalles señalan un enfoque más estructurado para las criptomonedas en poder del Estado. En consecuencia, los activos ahora figurarán en el balance del gobierno de EE.UU. dentro de un marco recién establecido conocido como Cuenta Especial en Blockchain (SBR).
Contexto y antecedentes del caso Samourai Wallet
Para entender la importancia de este anuncio, hay que analizar el origen del caso. Samourai Wallet era una billetera de Bitcoin centrada en la privacidad y un servicio de mezcla. Las agencias de la ley, incluyendo el DOJ y el IRS, alegaron que el servicio facilitaba el lavado de dinero. Las autoridades realizaron una operación internacional coordinada en abril de 2024, que resultó en el arresto de sus fundadores y la incautación de sus servidores y fondos asociados. El caso desató de inmediato un debate sobre la privacidad financiera, el alcance regulatorio y la definición técnica de un transmisor de dinero. Inicialmente, informes del U.S. Marshals Service (USMS) indicaban la venta de 57,55 BTC procedentes de la incautación. Esta noticia generó preocupación entre los legisladores pro-cripto, especialmente la Senadora Cynthia Lummis, quien cuestionó públicamente la estrategia del gobierno para la gestión de activos.
Análisis de expertos: Las implicancias de la Cuenta Especial en Blockchain (SBR)
La creación de la Cuenta Especial en Blockchain representa un avance institucional importante. Expertos en cumplimiento financiero destacan que esto va más allá de la gestión improvisada de activos. Anteriormente, las criptomonedas incautadas solían liquidarse rápidamente en subastas. El marco SBR sugiere una estrategia de custodia a largo plazo. Este enfoque podría estabilizar los mercados al evitar grandes ventas repentinas. Además, permite el uso potencial futuro de los activos en operaciones policiales o como garantía. Juristas señalan que esto crea un registro formal de los activos digitales en poder del Estado, aumentando la transparencia y la rendición de cuentas. El cambio de política probablemente es fruto de la colaboración interinstitucional entre el Tesoro, el DOJ y nuevos órganos asesores como el comité de Witt.
Análisis comparativo: Cómo difiere esto de incautaciones previas de cripto
El manejo del Bitcoin de Samourai Wallet por parte del gobierno estadounidense marca una clara ruptura respecto de protocolos anteriores. Una breve comparación ilustra la evolución:
| Silk Road Bitcoin | 2013-2015 | 144.000+ BTC | Subastas públicas vía USMS |
| Bitfinex Hack Funds | 2016-2022 | 94.000+ BTC | Ventas gubernamentales graduales en mercados |
| Samourai Wallet | 2024-2025 | BTC no divulgados | Custodiados en Cuenta Especial en Blockchain (SBR) |
Esta tabla resalta el cambio estratégico de la liquidación hacia la retención. El cambio responde a varios factores:
- Madurez del mercado: Bitcoin es visto cada vez más como un activo de reserva estratégica.
- Claridad regulatoria: Nuevos marcos legales otorgan certeza para la tenencia de activos digitales.
- Seguridad operativa: Mantener la custodia puede respaldar investigaciones en curso u operaciones de inteligencia.
Efecto dominó: Impacto en el mercado y en la regulación
La aclaración de la política tiene consecuencias inmediatas y de largo plazo. Primero, alivia los temores de presión vendedora que pueden afectar negativamente el precio de Bitcoin. Analistas de mercado observaron una reducción en la volatilidad tras la declaración de Witt. En segundo lugar, establece un referente procedimental para otros países que enfrentan la gestión de criptoactivos incautados. Además, valida el rol de los comités asesores formales en la elaboración de políticas pragmáticas de activos digitales. La oficina de la Senadora Lummis recibió con agrado la claridad, señalando que está alineada con los pedidos de una estrategia federal coherente. El movimiento también refuerza indirectamente el argumento de Bitcoin como reserva de valor legítima, en la medida que su tratamiento por parte de un gobierno importante evoluciona de “mercancía para la venta” a “activo bajo custodia”.
Consideraciones técnicas y de seguridad sobre la custodia gubernamental
La tenencia de grandes cantidades de Bitcoin presenta desafíos únicos. El gobierno debe garantizar una seguridad sin precedentes para evitar robos o pérdidas. Esto probablemente involucra una combinación de:
- Billeteras multifirma que requieren autorización de varias agencias.
- Soluciones de almacenamiento en frío offline en instalaciones altamente seguras.
- Auditorías periódicas de terceros para verificar la existencia y el control de las claves privadas.
El establecimiento de la SBR sugiere que estos protocolos operativos ahora están formalmente documentados. Este desarrollo podría eventualmente informar las mejores prácticas para la custodia institucional a nivel mundial.
Conclusión
La confirmación de que los Bitcoin incautados de Samourai Wallet permanecen sin vender representa más que una simple corrección factual. Significa una maduración en el enfoque del gobierno estadounidense hacia las incautaciones de activos digitales, pasando de la liquidación reactiva a la custodia estratégica bajo el nuevo marco de la Cuenta Especial en Blockchain. Este cambio de política, impulsado por orden ejecutiva y aclarado por funcionarios como Patrick Witt, aporta estabilidad al mercado, claridad regulatoria y un modelo para otras jurisdicciones. El manejo de este caso de Samourai Wallet probablemente será estudiado como un hito fundamental en la integración de las criptomonedas a las operaciones financieras estatales formales.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué es la Cuenta Especial en Blockchain (SBR)?
La SBR es un nuevo marco contable y de custodia del gobierno estadounidense diseñado específicamente para mantener activos digitales incautados o confiscados, como Bitcoin, en su balance, en vez de venderlos inmediatamente.
P2: ¿Por qué hubo confusión sobre la venta de los Bitcoin de Samourai Wallet?
Informes iniciales del U.S. Marshals Service indicaban la venta de 57,55 BTC. La declaración de Patrick Witt aclaró que esa venta fue un error de reporte o estaba relacionada con otro grupo de activos, y que la incautación principal de Samourai sigue intacta.
P3: ¿Qué significa esto para el precio de Bitcoin?
Al confirmar que los activos no serán vendidos, el gobierno elimina una posible fuente de presión vendedora en el mercado. Esto suele considerarse positivo para la estabilidad del precio, ya que previene una gran y repentina entrada de Bitcoin al mercado por parte de un solo vendedor.
P4: ¿Puede el gobierno vender los Bitcoin incautados en el futuro?
Según la declaración oficial, los activos “no serán vendidos en el futuro, de acuerdo con una orden ejecutiva”. Esto sugiere una política vinculante, aunque futuras administraciones o acciones del Congreso podrían modificar esta directiva.
P5: ¿Cómo afecta esto a otras billeteras o mixers centrados en la privacidad?
Si bien no cambia la situación legal de estos servicios, demuestra que los activos incautados pueden ser retenidos a largo plazo por el gobierno como parte de investigaciones o como activos de política, en vez de ser simplemente liquidados por efectivo.
