Partidarios de Bitcoin instan a legisladores estadounidenses a abordar la regulación fiscal de las stablecoins

Defensores de Bitcoin instan a ampliar las exenciones fiscales para pagos con criptomonedas

Organizaciones que apoyan a Bitcoin han solicitado al Congreso que amplíe las exenciones fiscales propuestas para incluir a Bitcoin y los principales tokens de blockchain, y no solo a las stablecoins. Argumentan que restringir los beneficios fiscales solo a los tokens respaldados por dólares no resolverá los problemas de cumplimiento fiscal que enfrentan millones de estadounidenses que utilizan criptomonedas en transacciones diarias.

Una coalición que incluye a Bitcoin Policy Institute, Bitcoin Voter, Blocks, Crypto Council, Digital Chamber, MoonPay, River, entre otros, envió una carta el domingo al presidente del Comité de Finanzas del Senado, Michael Crapo, y al presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Jason Smith.

El grupo advirtió que los planes actuales para limitar las exenciones fiscales de minimis solo a stablecoins de pago que cumplan con la Ley GENIUS—promulgada en julio—socavarían los beneficios previstos de la reforma tributaria.

Esta solicitud surge mientras los legisladores buscan formas de simplificar la presentación de impuestos para transacciones con criptomonedas. El IRS sigue clasificando a las criptomonedas como propiedad, lo que significa que incluso las compras pequeñas, como comprar un café con Bitcoin, son eventos sujetos a impuestos que requieren rastrear el costo base y calcular las ganancias o pérdidas.

La carta también sugirió que las stablecoins de pago que cumplan con los estándares de la Ley GENIUS deberían ser tratadas de manera similar al efectivo, sin restricciones de tamaño de transacción ni de uso anual, en línea con la forma en que se maneja la moneda física.

La coalición enfatizó que las stablecoins de pago operan en redes blockchain abiertas, que dependen de tokens de red separados para la seguridad, el consenso y el procesamiento de transacciones. Argumentaron que tanto las stablecoins como los tokens de red deben ser incluidos en las medidas de alivio fiscal para que la política sea efectiva.

Para determinar qué tokens de red calificarían para las exenciones, el grupo propuso una capitalización de mercado mínima de 25 mil millones de dólares, un límite de 600 dólares por transacción y un tope anual de 20.000 dólares.

Según la carta, aproximadamente 45 millones de estadounidenses poseen criptomonedas—principalmente Bitcoin—y datos de la Reserva Federal indican que alrededor de 7 millones de personas en Estados Unidos utilizaron Bitcoin u otros tokens de red para pagos en 2024.

La coalición destacó que más de 3.500 comercios en los 50 estados ahora aceptan Bitcoin en el punto de pago, lo que convierte a Estados Unidos en el mayor mercado de pagos con Bitcoin a nivel global.

Este renovado impulso sigue a un esfuerzo previo que se estancó en julio, cuando la senadora Cynthia Lummis (R-WY) no pudo añadir enmiendas fiscales sobre criptomonedas al proyecto de reconciliación del presidente Donald Trump.

Jack Dorsey, fundador de Block, reavivó la conversación el pasado octubre al abogar por exenciones fiscales federales para transacciones cotidianas con Bitcoin, coincidiendo con el lanzamiento de billeteras habilitadas para criptomonedas de su empresa para pequeños comercios.

En ese momento, la senadora Lummis prometió volver a presentar la propuesta en futuras sesiones del Senado, describiéndola como un paso crucial hacia una adopción más amplia de Bitcoin.

Nuevas reglas de reporte aumentan la urgencia

La coalición destacó que la necesidad de reforma ha aumentado con la introducción de nuevos requisitos de reporte para brokers. A partir del 1 de enero de 2025, las ventas de activos digitales deberán ser reportadas en el Formulario 1099-DA.

La carta advirtió que, sin exenciones de minimis bien diseñadas, los estadounidenses podrían enfrentar errores generalizados de reporte, riesgos innecesarios de auditoría y un nivel de complejidad mucho mayor que el impacto económico real de estas transacciones.