Un grupo de empresas de criptomonedas está instando al Congreso a extender las ventajas fiscales propuestas más allá de las stablecoins vinculadas al dólar, para incluir a Bitcoin y otras monedas digitales importantes. Afirman que restringir la exención provocará que millones de estadounidenses tengan que lidiar con regulaciones fiscales complejas al realizar transacciones normales con criptomonedas.
En colaboración con Bitcoin Voter, Blocks, Crypto Council, Digital Chamber, MoonPay, River y varias otras organizaciones, el Bitcoin Policy Institute lideró la iniciativa. Dos políticos influyentes, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, Jason Smith, y el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Michael Crapo, recibieron su solicitud el domingo.
Cada compra con cripto genera un evento imponible
Los grupos argumentan que los planes actuales solo beneficiarían a las personas que usan stablecoins de pago que cumplen con las reglas establecidas por la Ley GENIUS, que se convirtió en ley en julio. Dicen que este enfoque limitado va en contra del objetivo de simplificar los impuestos sobre las criptomonedas.
Actualmente, la IRS considera que la criptomoneda es una propiedad. Esto significa que cualquier persona que compre algo pequeño, como una taza de café, con Bitcoin, debe reportarlo como un evento imponible. Deben llevar un control de su precio de compra original y calcular si obtuvieron una ganancia o pérdida en la transacción.
"¿Te imaginás tener que pagar ganancias de capital cada vez que pasás una tarjeta? Definitivamente desincentiva los pagos con cripto, y si EE. UU. quiere ser la capital cripto del mundo, permitir que las criptomonedas se usen como dinero sin restricciones ni cargas de cumplimiento es fundamental", dijo Zakhil Suresh, quien dirige BitSave, una empresa de gestión de activos cripto.
La coalición quiere que las stablecoins de pago que cumplan con los estándares de la Ley GENIUS reciban el mismo trato que el efectivo físico, sin límites en transacciones individuales ni en gastos anuales.
Explicaron que las stablecoins de pago dependen de redes blockchain que utilizan tokens separados para funcionar. Estos tokens de red se encargan de aspectos como la seguridad y el procesamiento de transacciones. Los grupos sostienen que ambos tipos de activos digitales necesitan alivio fiscal para que cualquier política realmente funcione.
Su propuesta incluye pautas específicas. Los tokens de red tendrían que tener un valor de mercado de al menos 25 mil millones de dólares para calificar. Las transacciones individuales estarían limitadas a 600 dólares, con un límite anual de 20.000 dólares.
Millones de estadounidenses ya usan cripto para pagos
Según información de la Reserva Federal, alrededor de 45 millones de estadounidenses poseen criptomonedas, principalmente Bitcoin. La carta señaló que aproximadamente 7 millones de estadounidenses realizaron pagos usando Bitcoin o tokens de red similares el año pasado. Más de 3.500 comercios ahora aceptan pagos con Bitcoin en los 50 estados, lo que convierte a Estados Unidos en el mayor mercado de transacciones con Bitcoin.
Este impulso sigue a un intento anterior que no tuvo éxito. La senadora Cynthia Lummis, de Wyoming, intentó agregar cambios fiscales sobre cripto al proyecto de reconciliación del presidente Donald Trump en julio, pero no logró su aprobación.
Jack Dorsey, fundador de Block, volvió a poner el tema sobre la mesa el pasado octubre. Solicitó exenciones fiscales federales para compras cotidianas con Bitcoin cuando su empresa de pagos lanzó billeteras cripto para pequeños comercios. Lummis prometió entonces volver a presentar la propuesta en futuras sesiones del Senado, considerándola importante para una mayor adopción de Bitcoin.
Los grupos afirman que el asunto se ha vuelto más urgente porque nuevas reglas de reporte para brokers entran en vigencia el 1 de enero de 2025. Estas reglas requieren informar las ventas de activos digitales en el Formulario 1099-DA.
"Sin un alivio de minimis calibrado, el resultado serán discrepancias generalizadas, riesgos innecesarios de auditoría y una complejidad en los reportes desproporcionada respecto a la sustancia económica de las transacciones involucradas", dice la carta.
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